Cuando la cifras hablan

No resulta novedoso el comprobar las limitaciones y deficiencias que presentan los servicios de salud públicos en nuestro país; sin embargo, en los últimos meses hemos podido evidenciar una situación especialmente crítica que merece alguna explicación, a fin de adoptar las medidas que correspondan para su efectivo abordaje.

Desde el año 2009, en que, a través de la promulgación de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, se generó el objetivo y la consiguiente expectativa de que de manera progresiva el 100% de la población del Perú debía contar con un seguro de salud que lo proteja frente a los costos de una posible enfermedad, el escenario y la manera como se accedía y financiaba la atención en los servicios públicos fue experimentando cambios significativos.

Es así que mientras en las dos décadas precedentes, el financiamiento de las atenciones era realizado fundamentalmente por los propios pacientes, a través de tarifas subvencionadas por el Estado en los establecimientos públicos de salud, en tanto que la población más pobre venía siendo incorporada progresivamente al Seguro Integral de Salud (SIS); esta situación conllevó a que la mayor parte de hospitales con capacidad de recaudar recursos de los pacientes que atendían, sostuviesen el financiamiento de posibles mejoras en su estructura, equipamiento e incluso en el pago de incentivos a sus trabajadores, generando una distorsión de la razón de ser de los servicios públicos, cuyo principal objetivo debía estar destinado a atender las necesidades de la población de menores recursos. En este contexto, ante una política de aseguramiento no alineada a un adecuado financiamiento, se derivó en un progresivo desprestigio de un SIS incapaz de poder cumplir de manera oportuna y suficiente con las transferencias de recursos a los establecimientos de salud, conllevando al rechazo o limitación de la atención a sus afiliados.

A partir del año 2012, se promovió desde el Ministerio de Salud, un importante esfuerzo en dotar de los recursos necesarios al SIS para cumplir con el mandato que la ley le demandaba, permitiendo triplicar su asignación presupuestaria en solo cuatro años. Ello permitió, que progresivamente los hospitales y pacientes fuesen identificando al SIS como una institución que respaldaba el financiamiento de las necesidades de atención de las personas más pobres, ampliándose su cobertura a atenciones complejas o de alto costo, iniciándose con ello el proceso de recuperación de la razón de ser de los servicios públicos, al servicio de los mas desprotegidos. Todo ello derivó en un significativo cambio en las proporciones de las fuentes con las que se sostenía el mantenimiento y operación de los establecimientos públicos de salud, que paso de ser casi el doble del recurso disponible procedente de la recaudación en el año 2011, a menos de la tercera parte proyectado para el presente año.

En este nuevo escenario, resulta indudable que el rol asumido por el SIS para garantizar y promover la atención de sus afiliados, resultaba siendo no solo efectiva sino cada vez más necesaria para el adecuado financiamiento de los servicios públicos de salud. En tal sentido, resulta imposible no preguntar ¿Qué conllevo a plantear para el año 2016, un presupuesto inferior al que se venía ejecutando en el año precedente? ¿No era predecible que, ante un incremento en la confianza de la protección en salud ofrecida por el Estado, tanto la demanda de los pacientes como la dependencia de los hospitales públicos del oportuno y suficiente financiamiento a través del SIS, provocarían una crisis en nuestro ya de por si débil sistema de servicios de salud? ¿Qué ha motivado que el proyecto de presupuesto trabajado durante el primer semestre del presente año, reduzca aún más el financiamiento del SIS, en contra de los requerimientos sustentados en su oportunidad? ¿Cuáles fueron las nuevas prioridades del sector que propiciaron o permitieron la actual situación?

Queda claro, que no será fácil encontrar una respuesta a estas interrogantes, como tampoco lo será encontrar las fuentes de financiamiento para revertir esta crítica situación. Lo que debe quedar claro es que no debemos permitir, que el Seguro Integral de Salud y la política de aseguramiento en salud, termine cayendo una vez más en un grave desprestigio y con ello en una incapacidad para proteger a quienes el Estado debe tener como su principal prioridad, la población más pobre y vulnerable del país.